La oficina que pone los apodos a las leyes acumula 1.400 normas sin bautizar y pide que se deje de legislar hasta marzo
La Subdirección General de Denominaciones Coloquiales, el organismo encargado de asignar nombre corto a las normas que se aprueban en España, ha remitido un escrito al Ministerio de la Presidencia en el que solicita «una moratoria legislativa» hasta el mes de marzo para poder ponerse al día con el trabajo pendiente.
Según el documento, la unidad acumula 1.400 disposiciones sin bautizar, con un retraso medio estimado en año y medio.
«Nos entran entre veinte y treinta normas por semana y aquí somos tres», explica Remedios Valcárcel, subdirectora del área desde 2019. «Encima muchas llegan sin ficha, solo con el número y la fecha. Así no se puede bautizar nada.»
Un manual de estilo sin actualizar desde 1998
Fuentes del organismo señalan que el principal problema es metodológico. El manual interno que regula la asignación de apodos data de 1998 y contempla únicamente tres supuestos: nombre del ministro proponente, nombre del sector afectado y nombre de la localidad donde ocurrió el hecho que originó la norma.
«El manual no prevé los anglicismos», lamenta Valcárcel. «Cuando salió lo de los repartidores tuvimos una reunión de cuatro horas. Al final lo aprobamos por la vía de urgencia y con un voto particular en contra.»
La subdirección reconoce que su trabajo más citado sigue siendo el apodo asignado en 2005 a un régimen fiscal para trabajadores desplazados, que tomó el nombre de un futbolista. «Aquello salió redondo y lo sabemos», admite. «Pero llevamos veinte años viviendo de eso.»
El problema de los apodos no autorizados
La queja de fondo del escrito, sin embargo, es otra: la proliferación de denominaciones coloquiales asignadas fuera del circuito oficial.
«La ciudadanía ha empezado a poner nombre a las normas por su cuenta», señala el informe, que califica la práctica de «intrusismo denominativo». Según los cálculos del propio organismo, el 71 % de los apodos en circulación no ha pasado por ningún trámite.
El documento advierte de que esta situación «genera inseguridad jurídica en el ámbito del nombre corto» y puede dar lugar a que dos normas distintas compartan apodo, «lo que ya ocurrió en 2017 y obligó a renombrar una de ellas de madrugada».
La respuesta del Ministerio
Desde el Ministerio de la Presidencia se ha respondido al escrito con la creación de un grupo de trabajo interministerial que estudiará la viabilidad de la propuesta y que presentará sus conclusiones «en el plazo máximo de dieciocho meses».
El grupo de trabajo carece todavía de denominación coloquial.
Reacciones
Consultados por este medio, varios ciudadanos han mostrado su desconocimiento sobre la existencia del organismo.
«Yo pensaba que los nombres los ponía la tele», señala Julián Arroyo, vecino de Móstoles. «Si hay que pedirlo, pues nada, pero entonces que lo digan.»
Por su parte, la Asociación Nacional de Tertulianos ha emitido un comunicado en el que defiende «el derecho histórico del comentarista a nombrar aquello sobre lo que opina» y avanza que recurrirá cualquier restricción en la materia.
Sin presupuesto para el ejercicio siguiente
La subdirección funciona desde 1994 con una dotación anual de 11.200 euros, de los cuales 9.800 corresponden al mantenimiento del archivo de apodos en soporte papel.
La unidad no dispone de conexión propia a internet. «Cuando necesitamos comprobar si un nombre ya está cogido, llamamos por teléfono a Documentación», explica Valcárcel. «Suelen tardar dos días. Si el nombre lleva tilde, tres.»